Luz verde a la prórroga de la concesión del Real Club Náutico de Palma

El Consejo de Administración da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y garantiza la continuidad de la actividad de la entidad.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado, en su última sesión, la ampliación del plazo y la prórroga de la concesión del Real Club Náutico de Palma (RCNP), en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) y una vez completados todos los trámites e informes preceptivos exigidos por la normativa vigente.

Con este acuerdo, la APB culmina un procedimiento complejo que se ha desarrollado durante los últimos años y que ha requerido la intervención de distintos órganos consultivos y administrativos. La resolución aprobada responde al compromiso de la APB con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la seguridad jurídica y la estabilidad en la gestión de las instalaciones portuarias.

Tras la sentencia del TSJIB, la APB decidió no interponer recurso de casación al considerar que el interés público quedaba mejor atendido mediante la ejecución del fallo judicial y la continuidad de la actividad del club. Desde ese momento, se impulsó la tramitación necesaria para completar el expediente, solicitando nuevamente el informe preceptivo de Puertos del Estado y verificando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y económicos establecidos.

El informe favorable emitido por Puertos del Estado el pasado mes de mayo ha permitido elevar al Consejo de Administración la propuesta finalmente aprobada.

La ampliación y prórroga del título concesional queda sujeta al cumplimiento de las inversiones comprometidas por el club y a las condiciones establecidas por Puertos del Estado, cuyo seguimiento corresponderá a los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria de Baleares durante toda la vigencia de la concesión.

Con esta decisión, la APB refuerza su compromiso con una gestión responsable del dominio público portuario, basada en el respeto al marco legal, la colaboración institucional y la seguridad jurídica para todos los operadores que desarrollan su actividad en los puertos de interés general de Baleares.