Los navegantes denuncian la imposibilidad de fondeo en las calas de Manacor

Tal y como comunica ADN Mediterráneo en su web, el Ayuntamiento de Manacor ha llevado a cabo una medida que ha causado bastante polémica: el cierre total a la navegación de todas las calas del municipio. Esta decisión, presentada como un esfuerzo por mejorar la seguridad de los bañistas y combatir la supuesta saturación de la costa, representa, sin embargo, un golpe sin precedentes al sector náutico de las Islas Baleares.

Según los datos oficiales de los servicios de salvamento, rescate y socorrismo de Baleares correspondientes a 2023, se registraron un total de 1.291 intervenciones acuáticas con rescate, un 28 % más que en 2022. De ellas, 902 estuvieron relacionadas con el desconocimiento del entorno por parte del bañista: 402 por corrientes marinas, 339 por fuerte oleaje y 161 por haberse alejado en exceso de la costa. 36 de estos casos terminaron en fallecimiento.

En cambio, desde 2019 solo se han documentado tres muertes causadas por hélices de embarcaciones a motor, y en todos los casos se produjeron fuera de zonas de baño balizadas. A esto se suma un dato especialmente relevante: el 80 % de los ahogamientos en Baleares ocurren en lugares sin vigilancia de socorristas, donde las embarcaciones cercanas suelen ser el único recurso de rescate disponible. Estas mismas embarcaciones, en zonas correctamente balizadas, nunca han representado un riesgo directo para los bañistas.

Así pues, indican desde la entidad que la prohibición de acceso por mar podría tener el efecto contrario al deseado: incrementar el uso del vehículo privado, con el consiguiente impacto en la movilidad, el medio ambiente y la accesibilidad a calas y playas, por no mencionar el impacto negativo en la náutica recreativa.

Según la Asociación de Navegantes, si el objetivo fuera realmente mejorar la seguridad, el consistorio debería apostar por reforzar los servicios de socorrismo, especialmente en calas actualmente desprotegidas, y por diseñar balizamientos inteligentes que eviten que los bañistas se alejen peligrosamente de la orilla. Así pues, la Conselleria de Mar y Ciclo del Agua debería intervenir e incluir en su futura ley de gestión integral del litoral una normativa clara sobre balizamientos, que armonice la protección del bañista con la libre circulación de embarcaciones responsables, puesto que todo apunta a una actuación unilateral que no conjuga la seguridad con el acceso ordenado y sostenible a la costa, afectando tanto a residentes como a visitantes y al sector náutico en su conjunto.