Las PYMES de Chárter exigen la anulación del acuerdo por las nuevas concesiones en Ports IB

La Agrupación de Pequeñas y Medianas Empresas de Chárter (Lista 6ª) ha presentado una solicitud formal para la anulación del acuerdo 10397, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) el 17 de octubre de 2024, que obliga a las empresas a participar en un concurso público para la adjudicación de autorizaciones de amarre y rampas para embarcaciones dedicadas a actividades turísticas y recreativas en las instalaciones portuarias gestionadas por Ports IB.

Según la agrupación, las nuevas bases del concurso son "totalmente inadecuadas" y "contrarias a los intereses de los negocios locales". En su solicitud, las empresas denuncian que el procedimiento pone en riesgo la viabilidad económica de sus actividades, la estabilidad laboral de sus trabajadores y la continuidad de sus operaciones. Además, aseguran que favorece a las grandes corporaciones y afecta negativamente a la economía local.

Uno de los principales motivos por los que solicitan la anulación de esta futura licitación es que consideran que las bases del concurso público son inadecuadas. “Las bases establecen que el 80% del peso en la adjudicación se basa en la oferta económica, lo que constituye una subasta encubierta. Además, este sistema favorece a las grandes empresas con mayor capacidad económica y distorsiona la competencia” aseguran desde la secretaría de la agrupación.

Actualmente, este proceso está generando incertidumbre entre las empresas locales que no saben qué va a pasar con sus contratos y cómo afectará a la estabilidad laboral de los trabajadores, “poniendo en riesgo a muchas familias que dependen de estas actividades” reconocen.

La Agrupación de Pequeñas y Medianas Empresas de Charter (Lista 6ª) ha expresado su preocupación por las nuevas bases del concurso. "El nuevo procedimiento no solo pone en peligro la actividad económica de nuestras empresas, sino que también crea un clima de incertidumbre que puede perjudicar a muchas familias. Exigimos que las autoridades revisen este procedimiento y ofrezcan garantías para la continuidad de los negocios locales", señaló.

Uno de los fundamentos por los que se convocaría este concurso público es según adelantaba hace unas semanas Kiko Villalonga, gerente de Ports IB es que “tienen una lista de espera de más de 600 embarcaciones de lista 6ª para la realización de servicios de transporte marítimo, alquiler de embarcaciones, actividades acuáticas, amarres y uso de rampas.”. Desde la agrupación aseguran que “el mercado ya está saturado y la entrada de nuevos competidores no beneficiaría al sector, sino que generaría más conflictos en un entorno altamente competitivo, afectando la calidad del servicio”.

Por estas razones las empresas afectadas consideran que Ports IB debería permitirles continuar operando sin imponer restricciones adicionales, ya que han cumplido con todas sus obligaciones fiscales y administrativas. Y que otros organismos no imponen las mismas restricciones. Las empresas afectadas esperan que se reconsidere el proceso y se busque un modelo más equitativo que no perjudique a las pequeñas y medianas empresas locales.