La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSIB que pide un refuerzo de los controles y la vigilancia contra la pesca furtiva en Ibiza y Formentera.
¿TE HA GUSTADO ESTE CONTENIDO? PUES... ¡TIENES TODOS NUESTROS PROGRAMAS COMPLETOS AQUÍ!La iniciativa, debatida este jueves 5 de febrero en la Comisión de Economía, ha salido adelante por unanimidad, según ha informado la Cámara autonómica.
Así, establece el compromiso del Parlament para instar al Govern a tener en consideración las reclamaciones y firmas presentadas por el colectivo de pescadores recreativos de Eivissa, que piden avanzar hacia esta regulación que garantice una práctica de la actividad con la preservación del medio marino.
El acuerdo insta a las administraciones competentes a reforzar los controles contra la pesca furtiva en aguas pitiusas y reclama un incremento de la presencia de inspectores y una mejora de la coordinación operativa entre la Dirección General de Pesca, el Seprona y las cofradías de pescadores.
También se ha aprobado instar a las administraciones a intensificar las inspecciones en los establecimientos que comercializan o sirven productos pesqueros, verificando el origen y trazabilidad del pescado para garantizar que procede de fondos legales y autorizados.
Finalmente, la Cámara balear solicita al Govern que impulse campañas de sensibilización y formación sobre pesca responsable y trazabilidad.
El diputado socialista Marco Guerrero ha señalado en la defensa de la PNL que el furtivismo no sólo pone en peligro los ecosistemas marinos, sino que supone una competencia desleal "inaceptable" para profesionales y restaurantes que cumplen la ley.
En esta línea, ha destacado la importancia de atender las demandas del sector, en concreto, del colectivo de pescadores recreativos, que ha recogido casi 4.000 firmas para reclamar una regulación específica y sostenible.
La Comisión de Economía ha aprobado también este jueves una PNL 'popular' con la que el Parlament pide al Gobierno de España que defienda en Europa la necesidad de un periodo de transición de al menos diez años para la restricción del uso de la munición de plomo.
El texto, que ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y los contrarios del resto de grupos presentes, también solicita al Gobierno que analice "con profundidad" las alternativas a la munición de plomo.
Igualmente, reclama un proceso de diálogo y consulta cualificada con todos los sectores implicados para acercar posiciones y formular una propuesta nacional "coherente y equilibrada".
Del mismo modo, insta al Ejecutivo central a solicitar que la regulación europea contemple medidas de mitigación o compensación económica para los cazadores, fabricantes y comerciantes que se puedan ver afectados.
La iniciativa pide que el Gobierno promueva en Europa un enfoque "realista" que permita conciliar la protección ambiental con la seguridad, la viabilidad económica del sector y la autonomía estratégica de la UE.
El Parlament exige al Ejecutivo que se oponga a la aprobación del reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas (Reach) en cuanto a plomo en las municiones para caza y en aparejos de pesca.
Finalmente, reclama al Gobierno que defienda la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas; que ponga en marcha medidas legislativas para permitir la actividad cinegética en parques nacionales; y que impulse la promoción de una gestión conservacionista de la caza.
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