La propuesta establece un marco autonómico para conservar los ecosistemas costeros, regular los usos de las playas y coordinar la actuación de los consejos insulares y los ayuntamientos.
¿TE HA GUSTADO ESTE CONTENIDO? PUES... ¡TIENES TODOS NUESTROS PROGRAMAS COMPLETOS AQUÍ!El Pleno del Parlament de les Illes Balears ha rechazado este martes 10 de noviembre la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de las Illes Balears. Tras la votación, el texto continuará su tramitación en la comisión parlamentaria correspondiente, donde se examinarán el articulado y las enmiendas presentadas.
El proyecto, aprobado por el Consell de Govern el pasado 25 de junio, establece un marco autonómico para ordenar los usos de las playas, las zonas de servidumbre y las aguas costeras. El texto se enmarca en el traspaso de funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral, efectivo desde el 1 de julio de 2023, e incluye entre sus objetivos la conservación de los ecosistemas costeros, la protección del patrimonio litoral tradicional y la adaptación al cambio climático.
El texto distribuye las funciones de planificación y gestión entre el Govern, los consejos insulares y los ayuntamientos. Al Govern le correspondería fijar las directrices generales y coordinar su aplicación. Los consejos elaborarían los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada de cada isla. Por su parte, los ayuntamientos asumirían la gestión directa de las playas y el otorgamiento de determinadas autorizaciones.
El proyecto distingue entre playas urbanas, naturales y de especial protección. Esta clasificación permite aplicar criterios distintos a los accesos, los aparcamientos y los servicios de temporada según las características y el grado de protección de cada playa. El texto también incorpora la participación de la ciudadanía, refuerza la evaluación ambiental de las actuaciones y plantea simplificar los trámites administrativos manteniendo los controles.
En materia de navegación, el proyecto prevé límites de velocidad en la franja de una milla desde la costa, con restricciones más estrictas en los espacios naturales protegidos. El objetivo es reducir los riesgos para los bañistas en zonas de gran afluencia, facilitar la convivencia entre los distintos usos del mar y reducir el impacto de la navegación sobre el entorno. El texto contempla excepciones para determinadas embarcaciones profesionales sujetas a la normativa marítima internacional.
El proyecto actualiza asimismo el régimen de inspección y sanción. Entre los cambios figuran la incorporación de infracciones por incumplir las limitaciones de uso y la ampliación de la capacidad de actuación de la Administración ante ocupaciones no autorizadas y otros usos irregulares del litoral.
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