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Miércoles, 04 de marzo del 2026
La nueva norma, en trámite de consulta previa, tiene el objetivo de reducir la presión acústica sobre la fauna marina, garantizar un crecimiento sostenible de las inmersiones y reforzar la participación en la gestión de las reservas.
¿TE HA GUSTADO ESTE CONTENIDO? PUES... ¡TIENES TODOS NUESTROS PROGRAMAS COMPLETOS AQUÍ!La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Pesca, ha iniciado el trámite de consulta previa a la elaboración de una Orden para regular la velocidad de las embarcaciones dentro de la Reserva Marina de la Isla del Aire, ordenar la práctica del buceo colectivo con escafandra en las reservas marinas de Menorca y modificar la composición de la Comisión de Seguimiento de estos espacios protegidos.
La iniciativa responde a la necesidad de reforzar la protección de la biodiversidad marina en zonas de alto valor ecológico y con una presión creciente de navegación. El ruido submarino de origen humano tiene efectos nocivos sobre la fauna marina, y en áreas con tráfico marítimo intenso, como el entorno de la isla del Aire, este impacto está directamente relacionado con la velocidad de las embarcaciones. En aplicación del principio de precaución, la futura norma prevé establecer una limitación de la velocidad máxima dentro del ámbito de la reserva, con el objetivo de minimizar la afección sobre los hábitats marinos y contribuir a la recuperación y conservación de los recursos pesqueros.
El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha destacado que “las reservas marinas son una de las herramientas más eficaces que tenemos para recuperar poblaciones de peces y proteger los hábitats marinos, pero su éxito también implica gestionar adecuadamente los usos que tienen lugar en ellas”. En este sentido, ha remarcado que “reducir la velocidad en la Isla del Aire es una medida proporcionada y basada en criterios técnicos, que permitirá disminuir el ruido submarino y reforzar la calidad ambiental de la reserva”.
En cuanto al buceo con escafandra autónoma, se trata de una actividad regulada y sometida a autorización específica que ha experimentado un incremento muy relevante en Menorca. Durante el año 2024, los centros autorizados llevaron a cabo 16.121 inmersiones en las reservas marinas de la isla, un hecho que evidencia el atractivo creciente de estos espacios gracias a la recuperación de la biodiversidad. Ante esta evolución, la Conselleria considera necesario establecer una ordenación más precisa del buceo colectivo para garantizar que su desarrollo sea compatible con la conservación de los recursos marinos y con la sostenibilidad a medio y largo plazo.
Grau ha subrayado que “queremos seguir haciendo compatible la conservación con la actividad económica vinculada al buceo, pero evitando un crecimiento descontrolado que pueda comprometer los valores que precisamente hacen atractivas las reservas”. También ha añadido que “trabajamos de la mano con el sector para definir un marco estable, con posibles medidas como la fijación de un número máximo de autorizaciones o la zonificación de la actividad, siempre con criterios de sostenibilidad”.
La futura Orden incluirá igualmente la modificación de la composición de la Comisión de Seguimiento de la Reserva Marina del Norte de Menorca y de la Reserva Marina de la Isla del Aire para incorporar a un representante de la Menorca Preservation Fund, entidad con una trayectoria consolidada en la conservación y protección del medio marino en Menorca. Esta incorporación reforzará el carácter participativo del órgano y la gobernanza compartida de las reservas marinas de la isla.
Con la apertura de esta consulta previa, el Govern pone a disposición de la ciudadanía, del sector pesquero, de los centros de buceo y de las entidades ambientales la información necesaria para que puedan formular aportaciones antes de la redacción del texto normativo. La finalidad es consolidar el modelo de reservas marinas de las Illes Balears como referente en gestión pesquera y conservación marina, garantizando el equilibrio entre protección ambiental, actividad económica y uso público ordenado.
