El balizamiento de la playa de Sa Punta genera inquietud entre los amarristas

El Ayuntamiento de Ibiza ha balizado el muelle de sa platgeta de Sa Punta, en Es Viver, «con el objetivo de proteger el litoral y evitar los fondeos ilegales», en una actuación que da continuidad a las medidas iniciadas el año pasado en la playa de Talamanca, donde el sistema de balizamiento fue, sin embargo, vulnerado.

El Consistorio ha instalado boyas para delimitar el espacio del muelle y poner fin al puerto encubierto que cada verano llena de embarcaciones esta zona del litoral. La actuación se enmarca en el plan de protección del entorno marino y tiene como finalidad retirar las embarcaciones fondeadas de manera irregular.

Desde el Ayuntamiento explican que ahora se abre un periodo de cortesía para que los propietarios de las embarcaciones que pasan el invierno en este punto las retiren antes de principios de marzo. Con esta medida, el Consistorio pretende recuperar este espacio costero y evitar que vuelva a convertirse en un punto de amarre no autorizado.

La decisión de reforzar el control en Sa Punta llega después de que, en el mes de septiembre de 2025, la Policía Local de Ibiza se viese obligada a intervenir en la playa de Talamanca. El Ayuntamiento había instalado allí nuevas boyas y cabos para delimitar el canal de entrada al muelle frente al hotel Argos y frenar el uso irregular del espacio.

Sin embargo, la actuación quedó vulnerada después de que la baliza colocada fuese primero rebasada sin más y después incluso cortada y que el muelle volviese a colapsarse con embarcaciones auxiliares, generando indignación entre vecinos y usuarios legales de fondeos. Residentes de la zona denunciaron que varios barcos rompieron el sistema de delimitación recién instalado y que, desde entonces, las embarcaciones entraban y salían sin control.

La bahía, aseguraban, se encontraba como cada verano saturada de chárteres legales, ilegales y grandes yates que fondeaban ignorando la normativa. También criticaban la falta de vigilancia continuada tras la operación del 15 de agosto, cuando se retiraron ocho barcos, muertos de fondeo y boyas ilegales en la zona del Argos, una actuación que fue celebrada inicialmente como un punto de inflexión en la recuperación de la playa.

Vecinos señalan que, tras aquella intervención, no se mantuvo un control constante, lo que ha permitido que la situación vuelva a deteriorarse. Además, denuncian que antes incluso de cortar la baliza, embarcaciones auxiliares de grandes yates ya atravesaban las barreras flotantes instaladas por la Policía Local para atracar en el muelle, recoger pasajeros e incluso descargar residuos fuera del horario permitido.

Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por todos los usuarios. La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix, integrada actualmente por 45 socios, todos ibicencos, tras conocer el anuncio municipal ha expresado públicamente, mediante una carta enviada a este medio, su “profunda sorpresa” ante lo que consideran «una expulsión sin previo aviso de un espacio que, aseguran, han utilizado de manera ordenada durante más de cuatro décadas».

Constituida en 1991 como entidad sin ánimo de lucro, la asociación afirma que su objetivo ha sido siempre preservar y ordenar el uso tradicional de la zona marítima de Punta de Baix, promoviendo la seguridad en la navegación y la convivencia responsable entre usuarios. Aseguran que, entre sus miembros, figuran antiguos pescadores profesionales y hombres de mar con una larga vinculación histórica a estas aguas.

Según exponen en una carta remitida al medio Noudiari.es, durante más de treinta años han mantenido acuerdos y autorizaciones con distintos gobiernos municipales, siempre —aseguran— dentro de un marco de colaboración institucional. Citan como ejemplo un acuerdo municipal de 2001 que modificó el trazado de balizas a 80 metros de la costa, documento que, afirman, refleja esa relación de entendimiento con el Ayuntamiento.

Asimismo, recuerdan que en 2023 mantuvieron una reunión con el actual alcalde, Rafa Triguero, en la que —según su versión— se mostró receptivo y dispuesto a contar con la asociación como interlocutor legítimo en la reorganización de los fondeos.

Desde la entidad sostienen que, por primera vez en más de cuarenta años, se sienten desplazados de la zona sin un proceso previo de coordinación. Insisten en que su actuación nunca ha tenido ánimo lucrativo ni ha pretendido operar al margen de la administración, sino precisamente evitar situaciones descontroladas que pudieran perjudicar tanto al entorno como a los usuarios.

Así pues, la asociación subraya que no busca polemizar, sino aportar contexto y recordar que detrás de esta situación hay vecinos de Ibiza y familias vinculadas históricamente al mar que consideran roto un marco de colaboración mantenido durante décadas.