Cuatro asociaciones de pesca recreativa recurren ante el Supremo la obligación de usar PescaREC

Cuatro organizaciones de pesca recreativa han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra PescaREC, una aplicación impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para cumplir las obligaciones de control establecidas por la Unión Europea.

El recurso, promovido por la Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa Responsable, la Asociación Pesca Responsable Al-Andalus, la Associació Catalana per a una Pesca Responsable y la Federación Galega de Pesca Marítima Responsable e Náutica de Recreo, impugna el Real Decreto 214/2026 por imponer en España cargas administrativas que Francia, Italia o Portugal no soportan.

Así pues, las entidades consideran que la controversia no radica en la necesidad de obtener información sobre las capturas ni en los objetivos de conservación de los recursos marinos. De hecho, defienden que la pesca recreativa ha colaborado durante años en iniciativas de ciencia ciudadana, seguimiento de especies y recopilación de datos. Su desacuerdo se centra, en cambio, en la fórmula escogida por España para aplicar las exigencias europeas.

Según sostienen las asociaciones, la Comisión Europea ya dispone de RecFishing, una plataforma común diseñada para facilitar una recogida de información homogénea entre los Estados miembros. Frente a esta alternativa, España ha desarrollado PescaREC como herramienta estatal obligatoria, una decisión que, a juicio de los recurrentes, no ha sido suficientemente explicada por la Administración.

El recurso cuestiona que los pescadores españoles deban asumir trámites adicionales o más complejos que los aplicados en países vecinos que utilizan el sistema comunitario. También alerta de las dudas que genera la aplicación en cuestiones prácticas, como las especies que deben declararse, el tratamiento de las capturas devueltas al mar o la obligación de comunicar determinadas incidencias, entre otras.

Asimismo, las organizaciones reclaman una mayor participación del sector en el diseño de una norma que afecta a miles de usuarios, clubes, federaciones, empresas de chárter, puertos deportivos y comercios vinculados a la actividad náutica. A su entender, la regulación debería haber contado con un proceso de consulta más amplio y con una fase inicial de adaptación, orientada a informar y acompañar a los pescadores antes de imponer sanciones.

Las asociaciones también advierten de que la obligatoriedad de utilizar una aplicación móvil puede dificultar la práctica de la pesca recreativa para personas con menor familiaridad digital, de edad avanzada o que desarrollan su actividad en lugares con conectividad limitada.

Además, piden que se aclare el tratamiento de la información recopilada, especialmente en lo que respecta a los datos de localización, las zonas de pesca, los hábitos de los usuarios y el acceso que puedan tener las administraciones a esos registros.

Como alternativa, los demandantes proponen que se estudie la integración de RecFishing en el Estado español o que PescaREC se simplifique y limite sus exigencias a lo estrictamente requerido por la normativa actual. También solicitan procedimientos claros, alternativas para quienes no puedan utilizar medios digitales y un diálogo estable con el sector.