Baleares reclama una normativa pesquera europea adaptada a la flota mediterránea

En materia pesquera, Baleares insiste en un tratamiento específico de la insularidad, una mayor cogestión y una normativa europea adaptada a la realidad de la flota mediterránea.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, juntamente con los consejeros de las comunidades autónomas, ha participado este miércoles 16 de septiembre en Madrid en los consejos consultivos de Política Pesquera y de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Las dos reuniones han tenido lugar en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En primer lugar, Planas ha presidido el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios y, posteriormente, se ha reunido el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. Las sesiones han servido para abordar con las comunidades autónomas los principales asuntos que España deberá defender en las próximas negociaciones europeas y avanzar en la definición de la posición que el Ministerio trasladará a Bruselas.

Durante las dos reuniones, Simonet ha trasladado al Ministerio las principales reivindicaciones de las Illes Balears, con un denominador común en materia agraria y pesquera: que la insularidad y las particularidades territoriales tengan un peso real en el diseño de las futuras políticas europeas y en la distribución de los recursos.

«Las políticas europeas deben tener objetivos comunes, pero también deben ser capaces de adaptarse a realidades territoriales muy diferentes. En las Illes Balears defendemos que la insularidad sea un criterio efectivo tanto en la política agraria como en la pesquera», ha señalado Simonet.

En el ámbito agrario, una de las principales propuestas que el Govern ha trasladado al Ministerio es que, ante el nuevo modelo planteado por Bruselas, los recursos destinados a la futura política agraria común (PAC) que correspondan a España lleguen directamente al Ministerio de Agricultura y que este departamento los distribuya, en coordinación con las consejerías competentes de las comunidades autónomas.

Balears considera que este sistema permitiría mantener una interlocución directa entre las administraciones responsables de la política agraria y evitar que la gestión de los recursos pase primero por el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, por las haciendas autonómicas antes de llegar a los departamentos de Agricultura.

«La PAC debe continuar siendo una política agraria. Los departamentos que conocen el sector, las explotaciones y las necesidades específicas de cada territorio deben gestionar los recursos destinados a los agricultores y ganaderos», ha manifestado Simonet.

El Govern también ha defendido que el futuro sistema de ayudas no se configure únicamente a partir de criterios como la superficie, la orientación productiva o la dimensión económica de las explotaciones. Balears propone incorporar otras variables, como el número real de trabajadores de cada explotación y, especialmente, los condicionantes territoriales y la insularidad.

En este sentido, la Conselleria ha insistido en la necesidad de preservar en la futura PAC las particularidades territoriales que ya han sido reconocidas para las Illes Balears y que han permitido adaptar mejor las ayudas a la realidad productiva del archipiélago.

En cuanto a los pagos directos, Balears ha planteado mantener los mecanismos de redistribución de las ayudas, pero teniendo en cuenta los costes reales de las explotaciones, entre ellos los laborales y energéticos. Asimismo, ha defendido que el límite establecido para el régimen de pequeños agricultores no actúe como un requisito excluyente que pueda desincentivar la incorporación a ecorregímenes o la adopción de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

La Conselleria también ha reclamado mantener y reforzar las ayudas asociadas, y preservar las particularidades territoriales actualmente reconocidas, por su impacto positivo sobre determinadas producciones. Además, ha planteado intervenciones sectoriales específicas para producciones especialmente relevantes en las Illes Balears, como la patata, el ovino y el olivar.

En relación con la arquitectura ambiental de la PAC, Balears apuesta por mantener las medidas que han demostrado su utilidad y adaptarlas a las características de cada territorio. Entre los ecorregímenes que han funcionado especialmente bien en las Illes Balears, la Conselleria destaca las cubiertas vegetales, los pastos extensivos y la rotación de cultivos. También defiende la continuidad de las ayudas agroambientales vinculadas, entre otras, a la producción integrada, las razas autóctonas, las variedades locales y la agricultura ecológica.

Finalmente, en materia de relevo generacional, Simonet ha defendido mantener el sistema de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, que ha dado buenos resultados en las Illes Balears, y complementarlo con una línea específica destinada a facilitar la sucesión y la continuidad de las explotaciones agrarias.

En el Consejo Consultivo de Política Pesquera, Simonet ha reiterado ante el Ministerio buena parte de las reivindicaciones que el Govern de les Illes Balears ya trasladó directamente a Bruselas el pasado 3 de septiembre en la reunión con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

En relación con el futuro marco financiero europeo, Balears ha defendido que la pesca y la acuicultura mantengan un instrumento financiero específico y dispongan, como mínimo, de unos recursos similares a los del periodo presupuestario actual. La Conselleria también ha reclamado que el futuro instrumento financiero incorpore expresamente la insularidad como factor para compensar los efectos que esta genera sobre la pesca marítima y la acuicultura de las islas.

«No podemos aplicar exactamente las mismas normas a realidades pesqueras que son muy diferentes. La flota balear es mediterránea, mayoritariamente costera, realiza faenas cortas y tiene unas características muy concretas. Necesitamos que Europa tenga en cuenta esta realidad y que la insularidad se traduzca en medidas y recursos específicos», ha afirmado Simonet.

Entre las propuestas concretas, las Illes Balears han reclamado que la normativa europea reconozca jurídicamente la flota costera-litoral mediterránea, con una definición específica para los buques de más de doce metros y menos de veinticuatro metros de eslora que realizan faenas inferiores a veinticuatro horas. Según la Conselleria, esta clasificación permitiría adaptar mejor las medidas de gestión a las particularidades de la pesca mediterránea.

El Govern también ha defendido eliminar las limitaciones que dificultan la modernización de la flota con el objetivo de promover embarcaciones más modernas, eficientes energéticamente y adaptadas a la situación actual de la pesca europea. Asimismo, también ha reclamado incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la viabilidad socioeconómica del sector y el relevo generacional.

Otro de los principales planteamientos de Balears es que la futura política pesquera común incorpore la cogestión pesquera como principio de gobernanza, con la participación de las administraciones regionales, el sector pesquero, la comunidad científica y las entidades sociales, y que avance hacia una mayor territorialización de las pesquerías locales mediterráneas. La Conselleria también ha propuesto revisar el concepto de esfuerzo pesquero para que se base en la actividad real regulada de las embarcaciones —como las horas efectivas de pesca o la dimensión de las artes— y no únicamente en la potencia instalada.

Finalmente, Simonet ha reclamado una simplificación de las obligaciones derivadas del Reglamento europeo de control y un tratamiento diferenciado para la flota mediterránea. Las Illes Balears consideran que no pueden aplicarse las mismas exigencias a los grandes buques industriales que a embarcaciones que habitualmente realizan faenas de menos de dieciséis horas. Por ello, ha defendido priorizar los controles en tierra y adaptar las obligaciones de notificación, declaración, clasificación y pesaje a las características de la flota costera-litoral, sin reducir las garantías de control y conservación de los recursos marinos.