Baleares reclama un modelo de cogestión pesquera con agentes sociales, científicos e institucionales

El Parlament ha apostado por consolidar un sistema de cogestión pesquera formalizado en el que participen la administración autonómica y estatal, las cofradías y asociaciones de pescadores, expertos científicos independientes y organizaciones ambientalistas.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada socialista Malena Riudavets que ha sido aprobada de forma parcial en la reunión de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua celebrada la tarde de este miércoles 19 de noviembre..

La iniciativa también insta a promover planes de gestión pesquera singularizados que incluyan sistemas de control y seguimiento de capturas, mecanismos de redistribución justa de la actividad pesquera, indicadores de impacto ecológico y socioeconómico e instrumentos para la resiliencia climática y la protección de la biodiversidad.

Los diputados también han respaldado integrar la perspectiva de género en todas las fases de planificación, gestión y evaluación del modelo de cogestión pesquera y establecer un marco de colaboración con centros de investigación para desarrollar estudios, indicadores y planes de seguimiento.

Por el contrario, los votos en contra del PP, Vox y el diputado no adscrito Xisco Cardona han hecho caer otros tres puntos de la iniciativa que buscaban impulsar la creación del Instituto Balear de Investigación para la Gobernanza del Mar (Ibalmar), dotarlo de autonomía para gestionar sus recursos y asegurar que tiene una financiación adecuada.

La comisión parlamentaria también ha debatido y aprobado por unanimidad otra PNL, esta defendida por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

Así, el Parlament ha instado a PortsIb a garantizar la correcta finalización de los expedientes de caducidad de las declaraciones de impacto ambiental pendientes, incluido el referente a la ampliación del puerto deportivo de Addaia (Menorca), respetando los plazos y la independencia de los técnicos y funcionarios competentes en esta materia.