ADN denuncia el balizamiento y cierre injustificado de las calas y playas a la náutica recreativa

Prohibir no es proteger: ADN denuncia el balizamiento y cierre injustificado de la calas y playas a la náutica recreativa y alerta que el veto a las embarcaciones no tiene justificación técnica ni legal.

El Ayuntamiento de Manacor ha sido protagonista reciente de una medida que ha levantado una fuerte polémica, sobre todo entre navegantes: el cierre total a la navegación de todas las calas del municipio. Esta decisión, presentada como un esfuerzo por mejorar la seguridad de los bañistas y combatir la supuesta saturación de la costa, representa, sin embargo, un golpe sin precedentes al sector náutico de las Illes Balears.

Según los datos oficiales de los servicios de salvamento, rescate y socorrismo correspondientes a 2023, se registraron un total de 1.291 intervenciones acuáticas con rescate, un 28 % más que en 2022. De ellas, 902 estuvieron relacionadas con el desconocimiento del entorno por parte del bañista: 402 por corrientes marinas, 339 por fuerte oleaje y 161 por haberse alejado en exceso de la costa. 36 de estos casos terminaron en fallecimientos.

En cambio, desde 2019 solo se han documentado tres muertes causadas por hélices de embarcaciones a motor, y en todos los casos se produjeron fuera de zonas de baño balizadas. A esto se suma un dato especialmente relevante: el 80 % de los ahogamientos en Baleares ocurren en lugares sin vigilancia de socorristas, donde las embarcaciones cercanas suelen ser el único recurso de rescate disponible. Estas mismas embarcaciones, en zonas correctamente balizadas, nunca han representado un riesgo directo para los bañistas.

Tampoco se sostiene el argumento de la saturación. La única administración local que cuenta con sistemas de medición reales es el Ayuntamiento de Calvià, que a través de un sistema inteligente de monitoreo en seis de sus playas ha demostrado que durante el mes de junio la ocupación media no superó el 20 % del aforo permitido. Incluso en playas como Magaluf, en días punta, la cifra no superó el 23 %. Estos datos desmontan la narrativa de una supuesta “masificación generalizada” de nuestras costas y subrayan la necesidad de tomar decisiones basadas en información real, no en percepciones o presiones puntuales.

La prohibición de acceso por mar en Manacor podría tener, además, el efecto contrario al deseado: incrementar el uso del vehículo privado, con el consiguiente impacto ambiental, en la movilidad y en la accesibilidad a calas y playas. Todo ello sin mencionar el daño colateral a la náutica recreativa y a un perfil de usuario local, familiar y respetuoso con el entorno.

Si el objetivo fuera realmente mejorar la seguridad, el consistorio debería apostar por reforzar los servicios de socorrismo —especialmente en calas actualmente desprotegidas— y por diseñar balizamientos inteligentes que eviten que los bañistas se alejen peligrosamente de la orilla. En lugar de ello, todo apunta a una actuación unilateral que criminaliza al navegante y no conjuga la seguridad con el acceso ordenado y sostenible a la costa.

Urge, por tanto, que la Conselleria de Mar y Ciclo del Agua intervenga e incluya en su futura ley de gestión integral del litoral una normativa clara sobre balizamientos, que armonice la protección del bañista con la libre circulación de embarcaciones responsables.